El Presidente electo y la Convención

n muchos de los análisis de la elección conocidos en las últimas 24 horas, un elemento común ha sido la interrogante sobre "cuál Boric" es el que se ceñirá la banda presidencial en marzo, si el político de línea más radical e izquierda dura de la primera vuelta electoral, o bien el líder que llamó a la moderación, a los entendimientos amplios y a la gradualidad en la campaña del balotaje.

Esa duda es tanto más gravitante aplicada a la relación que tendrá el próximo Ejecutivo con la Convención Constitucional (CC). Para la buena salud de ese proceso -que hasta ahora ha entregado muchas más señales preocupantes que tranquilizadoras-, es crucial tener claro cuanto antes si la nueva administración establecerá con la CC la relación institucional propia de un poder del Estado con otro, o más bien la vinculación político-ideológica -y alianza instrumental- a la que aspiran abiertamente tanto convencionales como parlamentarios afines al próximo gobierno.

No es inexacto decir que en la Convención predominan sectores de izquierda que, desde un principio y explícitamente, han entendido el constitucional como un proceso de cambio con signo político definido, y dirigido a impulsar cambios estructurales en la sociedad, la economía y el sistema de gobierno, para lo cual una nueva Constitución sería el imprescindible primer paso. Igual intención han manifestado numerosos parlamentarios de la actual oposición. Por diversos motivos, algunos de sus planteamientos pueden ser riesgosos para el orden democrático y el Estado de derecho tal como los conocemos.

Durante la pasada campaña, gran parte de las críticas al hoy Presidente electo apuntaban a la posibilidad (el riesgo) de que su victoria actuara como un aliciente tanto para los grupos más radicales dentro de la CC como en el Congreso. Diversas declaraciones del entonces candidato avalaban esa lectura.

Despejar eso temores debe ser una prioridad para la próxima administración desde ahora, antes de asumir el gobierno, pues esa es una de las grandes fuentes de incertidumbre para la gobernabilidad, la actividad económica y la paz social. Más que señales, acciones claras en ese sentido serían muy bienvenidas.